El sistema penitenciario debe estar alineado a un andamiaje institucional que garantice el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, particularmente su Derecho al Porvenir, advirtió la Ombudsperson capitalina, Nashieli Ramírez Hernández.
En su participación en el Foro: Derecho al Porvenir, Mujeres excarceladas del Sistema Penitenciario, celebró la discusión y análisis de mujeres expertas que aportarán elementos clave desde perspectivas de género, interseccional, diferencial y con enfoque en el Derecho a la Reinserción Social.
Señaló que el Derecho al Porvenir es también el Derecho a la Reinserción, e incluye a las personas cuando ya están fuera de los centros penitenciarios, pero comienza por trabajar con ellas desde que están privadas de su libertad.
La Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) indicó que hasta 2022, había más de 226 mil personas privadas de la libertad en centros penitenciarios, federales y estatales, de las que 12 mil 156 personas (5.6%) eran mujeres.
En la Ciudad de México, al 3 de marzo de 2023, se tenía registrado que, de las 25 mil 250 personas privadas de la libertad, mil 532 eran mujeres (más de 6%), en las que la CDHCM ha documentado su situación en prisión preventiva, sobre todo, purgando penas por delitos que, apuntó, “más que encarcelamiento, requieren alternativas comunitarias de trabajo, que les permitieran atender su vida familiar y social”.
En 2022, dijo, casi 50% de las mujeres privadas de la libertad no contaba con una sentencia y 29.7% debió esperar dos años o más para recibirla; lo anterior, contra 39% y 26.7%, respectivamente, en hombres en su misma situación.
Ramírez Hernández señaló que, en los últimos seis años, la CDHCM emitió -por lo menos- 10 Recomendaciones, en las que acreditó vulneraciones a los derechos humanos de las mujeres privadas de su libertad, a través de estructuras diseñadas para el control y el castigo -ser mujer, estar privada de la libertad, no seguir el rol de género, por tener otra orientación sexual diversa, por tener una discapacidad, por ser indígena o mujer afro-, así como una constante exposición a penas trascendentales, que afectan a toda su familia, especialmente a sus hijos.
Al cierre de 2022, en el país había 258 mujeres privadas de la libertad que se encontraban embarazadas o en periodo de lactancia, así como 325 niñas y niños en los centros penitenciarios, la mayoría en la Ciudad de México. Al respecto, recordó, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó una Acción de Inconstitucionalidad, en 2021.
La CDHCM envió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un Amicus Curiae, en favor de que niñas y niños de hasta 12 años estuvieren con sus madres, con el fin de garantizar el Interés Superior de las Infancias, de los cuidados alternativos y privilegiando penas distintas a la privación de la libertad.
No obstante, en julio pasado, la SCJN resolvió igualando la norma local con la Ley Nacional de Ejecución Penal que contempla un límite de acompañamiento menor a los 6 años. Los operadores jurídicos podrán determinar, caso por caso, cuando las hijas e hijos de mujeres privadas de la libertad puedan permanecer con ellas en los centros penitenciarios.
“La CDHCM seguirá luchando para que el estándar se restablezca, incidiendo para que la norma sea más protectora de las niñas y los niños con sus madres en prisión y, en esta discusión cultural, en contra de la teoría de la manzana podrida, de que las mujeres privadas de su libertad no tienen derecho a ejercer una maternidad y una crianza amorosas y positivas”.
E insistió en la responsabilidad del Estado mexicano hacia las mujeres, dentro y fuera de prisión, para diseñar y construir un Sistema de Cuidados que favorezca, de manera particular, a este sector de la población en la Ciudad y en todo el país.
Al respecto, se refirió a la necesidad de que los Estados establezcan medidas de protección integral hacia las familiares de mujeres privadas de la libertad y subsanen los efectos de la privación de la libertad en la vida de los familiares, a través de la adopción de los Principios y Buenas Prácticas Sobre la Protección de los Derechos de las Mujeres Familiares de Personas Privadas de la Libertad.
Conocidos como Principios de Bogotá, explicó, el documento que generó la Red de Familiares de Personas Privadas de la Libertad no es de cumplimiento obligatorio para los Estados, pero en su contenido reconoce la feminización de los cuidados y el acompañamiento a las personas privadas de la libertad, así como la reinserción social, los derechos de las mujeres y otras alternativas a las penas privativas de la libertad.
En la inauguración del Foro participaron también Patricia Piñones, Secretaria de Proyectos Estratégicos del Centro de Investigaciones y Estudios de Género (CIEG) e integrante de Mujeres en Espiral: Sistema de Justicia, Perspectiva de Género y Pedagogías en Resistencia; el investigador Enrique Mauricio Padrón Innamorato, en representación de la Directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) -Mónica González Contró-; y Efraín Reyes Romero, Secretario General de la Escuela Nacional de Trabajo Social (ENTS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Asimismo, Nayeli Lazcano, Secretaria Técnica de la Dirección General de la Política Nacional de Igualdad y Derecho de las Mujeres del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).